Por fin ha hablado. Alberto Fabra, alcalde de la ciudad y responsable directo de la situación actual del urbanismo en Castellón, tras muchos días de 'calculado' silencio ha comenzado a dar su versión sobre el más importante problema – lo quiera decir o no – que tienen en estos momentos los y las castellonenses, el equipo de gobierno municipal y el propio Partido Popular.
Esperábamos con interés e impaciencia su valoración sobre la anulación del PGOU, lo que daría la clave para vislumbrar el rumbo de las decisiones que deben tomarse de forma inmediata. Sin embargo, nuevamente nos ha defraudado, pues ha dado la peor de las versiones posibles: negar el problema y aplazar las decisiones.
Es de todos sabido, sin lugar a interpretaciones malintencionadas, que:
a) El Tribunal Supremo ha sentenciado que el PGOU de 2000 está invalidado, exigiendo una nueva exposición pública para poder ser aprobado.
b) Que la sentencia obliga desde el momento de su notificación.
c) Que el PGOU que deba aprobarse nuevamente estará sometido a la legislación actual aplicable.
d) Que los proyectos urbanísticos contemplados en dicho Plan no tienen actualmente cobertura jurídica.
e) Un recurso al Constitucional ni suspende la aplicación de la sentencia del Supremo ni mucho menos da cobertura jurídica alguna al Plan anulado.
Sin embargo el alcalde afirma que:
a) El Supremo no ha anulado el PGOU del 2000, que está vigente.
b) No hay que someter el proyecto a nuevos requerimientos legales (ley del Suelo, de Impacto Ambiental....), sino solamente hacer una nueva exposición.
c) Van a recurrir al Constitucional, lo que obligará a retrasar toda la tramitación.
Es necesario restablecer cuanto antes la normalidad jurídica, pero para ello resulta imprescindible asumir con responsabilidad la realidad, le guste o no, sin subterfugios, y actuar con inteligencia y altura de miras. Tampoco vendría mal un poco de humildad, permitiendo que las soluciones vengan compartidas por todos los grupos políticos y procediendo de cara a la ciudadanía, no de espaldas a ella.
Y cómo no, actuar con un escrupuloso respeto a la legalidad, no sea que nos aboque en un proceso de consecuencias aún más graves.
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