Como era previsible, la cada vez mayor aglomeración de jóvenes en la reducida zona de las tascas del centro de Castellón ha devenido en un conflicto con el vecindario el cual quiere – con razón – que sus derechos sean respetados. La declaración por sentencia judicial de zona acústicamente saturada ha obligado a imponer restricciones que, de ser respetadas, podrían generar un conflicto social del mismo tenor que el padecido en otras ciudades. Esperemos que, en nuestro caso, impere la cordura y el sentido cívico de todos, y no caigamos, como sugiere el edil responsable, en un enfrentamiento entre ciudadanos.
Cuando la costumbre trasgresora se hace norma y se evidencia semana a semana y año tras año una pasividad cómplice de la autoridad, no hay norma que pueda hacerse respetar y los responsables políticos deben manejar un problema de difícil solución y con altos costes sociales.
Somos conscientes de la dificultad de armonizar los intereses legítimos de los tres sectores implicados: los jóvenes tienen todo el derecho a disponer de zonas de ocio para su esparcimiento y desarrollo social, en unos horarios poco compatibles con los de los demás; los empresarios del sector quieren hacer valer el suyo propio de rentabilizar su negocio, más cuando han realizado, como en este caso, importantes inversiones, y el resto de ciudadanos – los residentes de estas zonas, aunque son escasos, en mayor grado – a vivir con la misma tranquilidad que cualquier otro ciudadano.
Para conciliar estos intereses y organizar la convivencia se establecen leyes y se promulgan ordenanzas cuya efectividad está en proporcionalidad directa con el grado de consenso y participación democrática alcanzado en su aprobación. Y a esta asunción de la norma debe seguir el compromiso de su cumplimiento.
Pero todos sabemos que, siendo necesaria la regulación, no es ni mucho menos suficiente: debe ir acompañada de políticas decididas y proyectos coherentes que, en este caso, han brillado por su ausencia. La juventud de Castellón lleva años esperando que los gobernantes locales atiendan sus intereses, les pongan sobre el tapete un programa que les permita desarrollar sus inquietudes, estimular sus capacidades y diversificar la oferta de actividades de ocio.
El PP, desde sus posiciones ultraliberales de dejar hacer y amagar el gesto cuando no ve en él rentabilidad electoral, es el responsable de la situación actual y, además de su obligación de asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, debe ofrecer soluciones, las cuales, obviamente, van más allá de colocar unos toldos como ha sugerido el concejal.
Alguien podría sugerir que en estos temas en los que un colectivo numeroso ve amenazadas sus opciones, el partido socialista debería guardar un prudente silencio y dejar que quienes han generado el problema arrostren las consecuencias. Pero el partido socialista va a tener pronto la responsabilidad del gobierno de la ciudad y no puede permanecer al margen, más cuando en su programa municipal tiene elaborado un preciso paquete de medidas para impulsar políticas de ocio, propuestas dirigidas primordialmente hacia la juventud y proyectos que tienen como objetivo regenerar el centro de la ciudad. Proyectos para, en definitiva, hacer de Castellón un espacio moderno de convivencia amable, en el que el ocio cooperativo va de la mano con el civismo, el desarrollo de la creatividad y la cultura.
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