“La participación en el seno de los centros escolares y en el seno del sistema educativo no solamente es un factor de democratización; garantiza una mayor receptividad de las necesidades educativas, asegura una mayor calidad de las actividades escolares”. Son palabras de José Mª Maravall, entonces ministro de educación con el primer gobierno socialista, defendiendo en el Congreso, hace ya casi 25 años, el proyecto de la LODE, la ley que puso en marcha el primer sistema educativo constitucional y dio paso a los Consejos Escolares, órganos de participación democrática de la educación.
Fue la gran apuesta del socialismo español, y entroncaba con el modelo de escuela pública comunitaria que siempre hemos defendido: “La escuela pública – decía Gómez Llorente – resume el ideal de la escuela para todos; es el medio más efectivo de alcanzar la igualdad de oportunidades entre las diversas capas sociales y fomentar la convivencia de la participación comunitaria”. Un proyecto zancadilleado desde el primer momento por la derecha, que tuvo que superar un recurso previo de constitucionalidad promovido por Ruiz Gallardón (padre) y otros diputados del Grupo Popular.
Mucho ha llovido desde entonces. La sociedad española de aquellos años ochenta, expectante ante los cambios políticos sucedidos, vivía intensamente las oportunidades de participación que se ofrecían, en la educación, en el movimiento vecinal, en la cultura, en los sindicatos… Los gobiernos autonómicos, por otra parte, comenzaban su andadura.
La red de Consejos Escolares se hizo realidad, y desde entonces, sin variar apenas sus fines y competencias, se han venido renovando con la regularidad ordenada. Son, a pesar del bajo tono participativo que poco a poco se ha venido produciendo, el punto de encuentro de padres, profesores y alumnos para decidir las importantes cuestiones de los centros y son elemento de control social del servicio educativo que ofrecen. Se han configurado, cuando la ocasión lo ha requerido, en elemento aglutinador de voces reivindicativas contra las políticas educativas perversas e injustas. Son, sin duda, por su configuración y facultades, a pesar de sus deficiencias, uno de los órganos de mayor calado democrático de la sociedad actual.
En esta semana ha tenido lugar la renovación parcial de los consejos escolares. Una vez más hemos de lamentar la nula implicación de la administración educativa para estimular la participación. Ni un solo anuncio en la televisión pública, ni un solo folleto, ni una sola comparecencia de algún responsable. Las AMPAS y los equipos directivos de los centros han tenido que poner todo de su parte, y a ellos tenemos que estarles agradecidos.
Los Consejos Escolares no son santo de devoción del Partido Popular, entre otras cosas porque no puede manejarlos a su gusto, porque no puede implicarlos en sus tácticas clientelares; es más, sabe que son escollos que muchas veces ha tenido que sortear en sus intentos de burlar la ley. A pasar de tener un representante municipal en los consejos de los centros, nunca se han preocupado de establecer nexos operativos con los responsables municipales en materia educativa. Y el Consejo Escolar Municipal, lejos de ser un órgano consultivo y director de la política educativa municipal, lo han convertido en una entelequia burocrática de carácter administrativo. La estrategia de la derecha, ante los consejos escolares, es la dejarlos morir por inanición.
Podría pensarse que, si los Consejos Escolares responden a un modelo comunitario que está en las antípodas del liberal que propugnan, impulsarían vías alternativas de atención individualizada y de participación de los ciudadanos como usuarios del servicio educativo. Pero tampoco. La derecha se ocupa de la educación por obligación, como puede y a regañadientes, pero no les preocupa ni cree en ella, si no es para abrir negocios y mantener viveros de votos. ¿Cuánto va a tardar en ofrecer al negocio privado las tres escuelas infantiles construidas en la ciudad con el Plan Zapatero?
El Partido Socialista sí cree en la educación, y en los Consejos Escolares como herramienta de participación activa, la mejor salvaguarda de los derechos individuales, la vía idónea para mejorar los proyectos educativos de los centros.
Y también cree que la ciudad, Castellón, necesita de una política educativa en la que el Consejo Escolar Municipal es un elemento primordial. Por eso en nuestro programa electoral proponemos un cambio radical en la manera de entender la educación. Bajo en lema ‘Castellón, ciudad educadora’ se halla toda una batería de acciones, estructuras de participación, servicios y centros socioeducativos en los barrios para coadyuvar con las demás administraciones en la tarea de educativa. Porque entendemos la educación como un servicio público, como un instrumento de renovación democrática y participativa: educar para transformar.
Por eso, estamos convencidos, es necesario un proyecto educativo de ciudad, liderado por el Ayuntamiento, que dé solución a los retos que se plantean en un mundo en transformación permanente y que recoja las propuestas y alternativas del conjunto de colectivos e instituciones locales.
En esa tarea estamos.
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