El nivel de transparencia de la política valenciana “no tiene parangón en toda España”. Estas son, textuales, las palabras del conseller Blasco transcritas por el diario oficial del Partido Popular en la provincia (Ver el periódico Mediterráneo del 14 de diciembre). Así de rotundo, así de cínico, así de falso. Esta insolente afirmación venía a alabar la recientemente anunciada obligación de los munícipes de la Comunidad Valenciana y miembros de Consell de hacer públicas sus declaraciones de bienes.
A pesar de haber sido anunciada por singular protagonista, a pesar de que sabemos que es un turbio espejismo de claro tinte electoral, bienvenida sea la iniciativa, a la que reiteradamente se han negado los gobernantes de la derecha. Se nos viene, de pronto, la imagen de los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Castellón enseñando sus declaraciones tributarias y de bienes cuando presentaron la propuesta al pleno, la cual fue rechazada por la mayoría exigua que ostenta el PP. A ese pleno acudieron todos, incluido el presidente de la Diputación, para oponerse a esta ineludible obligación con la ciudadanía.
La nueva Ley Valenciana de Régimen Local, aprobada el verano pasado, dedica un artículo, el 137, de los 201 que la componen, a esta cuestión, estableciendo la obligación de declarar las actividades y bienes de los representantes locales, antes de la toma de posesión, en caso de cese y al término del mandato. Declaraciones de carácter anual que serán públicas pero que tendrán las restricciones necesarias para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los titulares. Una ley cuyo objetivo esencial era la mejora de la financiación de las administraciones locales, pero que no contemplaba ningún compromiso de dotación económica del Fondo de Cooperación.
La gestión pública no debe ser transparente por imposición legal. La transparencia, lo mismo que la eficacia, la participación efectiva y la proximidad han de ser, como reclama la oposición socialista, el resultado de un compromiso ético con la ciudadanía. Han de ser, como se declara en su programa electoral, ejes estratégicos en los que se debe basar una gestión al servicio de los ciudadanos.
De todas formas, bienvenido sea ese artículo 137, y que sea aplicado con rigor, que falta hace. Ojalá, aunque de la forma tan tímida que se establece ahora, se hubiera implantado hace tres lustros. No habríamos caído en el oscuro pozo de la opacidad en el que se encuentra la Comunidad Valenciana y sus principales Ayuntamientos, antesala de la corrupción y la desafección política.
El último informe de Transparency International, organismo independiente que evalúa objetivamente los niveles de transparencia de todos los países, comunidades territoriales y ayuntamientos, tomando como índices elementos clave de la gestión y con una metodología contrastada, sitúa a la Comunidad Valenciana en este año 2010 en el penúltimo lugar de las comunidades autónomas de España, con un valor global muy por debajo de la media nacional. Y si se valoran cada uno de los aspectos estudiados, solamente en dos de ellos nos encontramos cercanos a la media, en las áreas de información sobre la Comunidad y en las relaciones con los ciudadanos y la sociedad. No en balde se han gastado tantos recursos en campañas publicitarias y en subvenciones a colectivos. Pero en las áreas más próximas a intereses monetarios, como la transparencia económico-financiera y en las contrataciones de servicios y suministros nos manda al penúltimo lugar, y en el urbanismo, directamente nos coloca en la cola de la lista.
Cuando se observan estos mismos índices sobre los Ayuntamientos de las tres capitales de provincia, es el de Castellón, precisamente, el que obtiene resultados menos malos, situándose sobre la media de los grandes municipios. En todos los parámetros excepto en el de la transparencia en las contrataciones, precisamente. No es de extrañar, pues, la insistencia del grupo socialista en revisar las cuentas y contratas, a la vista de las posibles implicaciones en trama de corrupción del caso Gürtel. Sin embargo, el Ayuntamiento del cap i casal, presidido por la señor Barberá es, con mucho, el que obtiene índices tan bajos que deberían suponer su dimisión automática. (Véanse datos concretos en www.transparencia.org.es).
En esta comunidad, es cierto, los niveles de transparencia en la gestión pública no tienen parangón, por lo desastrosos, y van a ayudar a mejorarlos la declaración de bienes y actividades de realizarán en breve, por imperativo legal, algunos de los que más intereses han ocultado hasta ahora. No me lo creo.
Publicado en 'Levante de Castellón' (17-12-10)
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