martes, 20 de mayo de 2008

A VUELTAS CON LA DISCIPLINA ESCOLAR

Hace ya 14 años, a finales de 1991, cuando la LOGSE impregnaba la vida de los centros, el Consell de la Comunidad Valenciana, gobernado por el PSOE, aprobó una norma reivindicada de antaño por el profesorado y, en general, por toda la comunidad educativa. Se trataba de un decreto regulador de los derechos y deberes de los alumnos de los centros de preescolar, EGB, de formación profesional y de bachillerato, que quería poner coto a los comportamientos inadecuados del alumnado, sobre todo pensando en los de segunda etapa de EGB y del resto de niveles superiores.

Era la época de la FP y el Bachillerato no obligatorios y de la participación en los consejos escolares. La época en que aún podíamos entrever que la sociedad depositaba en la educación ciertas expectativas de promoción social, que el aprobado o el suspenso jugaban un papel determinante en las relaciones de enseñanza-aprendizaje y en la conformación de la authoritas del profesorado. La época, en fin, en que las situaciones de clima escolar degradado y conflictivo estaban localizadas y eran minoritarias.

Desde entonces ha llovido mucho. Se han sucedido varias leyes orgánicas que pretenden mejorar la educación y adaptarse a los nuevos tiempos y a esta sociedad nuestra tan cambiante; se ha vivido una auténtica revolución en los centros de secundaria con la ampliación de la educación obligatoria; hemos visto alterarse significativamente los valores, vínculos y modelos que conforman las unidades familiares a la vez que hemos vivido etapas de crecimiento económico nada despreciables; hemos padecido la llegada en aluvión de alumnado extranjero y el retraso escandaloso de las construcciones escolares... Hemos constatado el aumento paulatino de las cifras de fracaso escolar... También hemos visto pasar por la Conselleria de Educación, en estos últimos doce años, bastantes responsables del Partido Popular: he perdido la cuenta.

Aquel decreto, constituido básicamente en norma de actuación de los centros ante conductas irregulares del alumnado, como son los expedientes disciplinarios, tenía una inspiración marcadamente garantista, y ante los ojos de los docentes, poco duchos en procedimientos administrativos, fue tildado con razón de burocrático y de poco efectivo. De hecho, desde el inicio de su andadura fue malinterpretado y mal utilizado, hasta tal punto que, en puridad, pocos de la multitud de expedientes incoados en estos catorce años pasarían a mi entender un examen de validez jurídica. No era una norma que buscase la modificación de las causas de los comportamientos inadecuados, ni ha puesto el acento en la preservación de los derechos del resto del alumnado no conflictivo. Tampoco la administración educativa ha hecho mucho en cuanto a la formación de los docentes en estos aspectos, y ha mirado para otro lado cuando ha visto estas pifias legales.

Ahora, a caballo entre el tercero y el cuarto periodo de mandato del Partido Popular, se pone en marcha un nuevo decreto, después de un largo periodo de maduración, que regula la convivencia en los centros y actualiza el listado de derechos y deberes de alumnos, profesores y padres. En esta materia también nuestra comunidad va en los furgones de cola, a pesar de que era hace tiempo absolutamente necesaria una nueva regulación adaptada a las nuevas realidades de los centros, de las familias y de la sociedad.

El nuevo decreto quiere ser el generador de la buena convivencia en los centros y está trufado de excelentes intenciones, loas a la labor docente y requerimientos a la implicación familiar; tiene, además, una fe ciega en los efectos beneficiosos que la norma, por el sólo hecho de publicarse, va a producir en los centros. O se cree que por el mero hecho de recopilar y enumerar los derechos de unos y de otros éstos quedan automáticamente salvaguardados.

Pero cuando se llega al título que norma las actuaciones para resolver los problemas de convivencia, salvo unas cuantas perlas novedosas que pasaremos luego a comentar, continua cayendo en los mismos errores: enumeración y tipificación de conductas sancionables y descripción del proceso sancionador, con una visión marcadamente burocrática y judicial; no entra en ningún planteamiento para la transformación educativa de las conductas conflictivas (aunque habla de ‘medidas educativas correctoras’), y ni mucho menos trata de abordar las causas que generan los problemas de convivencia para actuar de forma preventiva.

Tres cuestiones concretas, a modo de ejemplo, en relación con las medidas ‘educativas correctoras’ sobre conductas consideradas contrarias pero no ‘gravemente perjudiciales para la convivencia’:
a) Introduce la prohibición del uso de teléfonos móviles y su retirada (una vez apagados) por el director, con la devolución posterior a los padres en presencia del alumno/a. Cuestión ya superada por muchos centros, sin necesidad de decreto.
b) Introduce la figura del aula de expulsados de ciertas clases, por un periodo máximo de una semana, siendo el jefe de estudios quien debe organizar su atención. Conllevará requerimientos de aumento de dotaciones para su atención que no contempla.
c) Introduce como sanción la suspensión del derecho a la participación en actividades extraescolares programadas durante los 15 días siguientes, lo que induce a considerar como no educativas dichas actividades.
Y de todo ello, desde la simple amonestación hasta la salida del aula, debe quedar constancia escrita en el centro y ser remitido el correspondiente informe al Registro Central para buen uso estadístico posterior.

En definitiva, una nueva norma que parchea la anterior, no entra en la raíz de los problemas y que tiene visos de que va a embrollar más aún las dinámicas organizativas de los centros. Tras un mes de su publicación, la norma ya está en vigor, pero aún no se tiene noticia de los recursos suplementarios que deben recibir los centros para su puesta en marcha. En definitiva, el próximo curso aún será papel mojado.

La convivencia escolar no puede ser tratada como algo ajeno a todo el proceso educativo. Sabemos que los conflictos son consecuencia y están en la base del fracaso escolar. Por tanto, si se quiere mejorar de la convivencia escolar hemos de acometer medidas de carácter estructural y abordar el problema desde todos los ámbitos. Medidas tales como:

1. Potenciar la figura del profesor-tutor como elemento clave, dotándole del complemento económico correspondiente, y diseñar un sistema de nombramientos que permitan que sean ejercidas estas funciones por los y las mejores profesionales.
2. Dotar a los centros con recursos humanos, equipos de educadores y trabajadores sociales, que lleven a cabo funciones de mediadores y ayuden al profesorado.
3. Estabilizar las plantillas de los centros de secundaria reduciendo el número de profesorado interino.
4. Plantear desde los ayuntamientos planes serios de colaboración para atajar el absentismo escolar y las conductas violentas fuera del centro, mediante la figura de los agentes de proximidad.
5. Potenciar los equipos multidisciplinares municipales para ayudar a las familias.
6. Establecer programas de escolarización combinada, con talleres de inserción laboral, dirigidos al alumnado con mayores problemas.
7. Llevar a cabo una política de escolarización que distribuya equitativamente entre todos los centros sostenidos con fondos públicos al alumnado inmigrante.
8. Creerse que una asignatura como Educación para la Convivencia puede y debe ayudar a mejorar la convivencia en los centros.

Todas ellas son propuestas que aparecen en los programas de educación de los partidos progresistas, como el de “Castellón Ciudad Educadora” del partido socialista. El PP no puede proponer, después de 12 años en la Generalitat y 16 en el Ayuntamiento, más que un decreto burocratizador, miope y poco efectivo.

domingo, 11 de mayo de 2008

CUESTIÓN DE LIDERAZGO

En la tierra, decía Armand Salacreu, hay dos cosas sencillas: relatar el pasado y predecir el futuro. Pero ver claro día tras día, sentenciaba, es otra cuestión.

Nada es sencillo, dirán; y menos en nuestras modernas sociedades. Pero continua siendo cierto, como asegura el dramaturgo francés, que dar respuesta correcta a los problemas del día a día es lo realmente complicado y, sin duda, lo más comprometido, mucho más que explicar los porqués de los acontecimientos. Lo de hacer pronósticos, por otra parte, tendremos que dejarlo para las ciencias esotéricas, a la vista de lo impredecibles y vertiginosos con que se suceden.

Dar esa respuesta correcta del momento presente es lo difícil y lo arriesgado. Es más fácil quedarse callado, agazapado ante los problemas, mirando hacia otro lado o augurando el fracaso de los demás. Y, sin embargo, dar respuestas, proponer soluciones, es lo que la sociedad demanda a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. También, a los que ejercen responsablemente de oposición. Más en tiempos de dificultades.

Hablamos de la capacidad de liderazgo, que comporta, entre otras virtudes, la de orientar soluciones a las necesidades de los ciudadanos, de adaptarse a los nuevos requerimientos, de la capacidad de negociación y de integración, de sentido de la innovación, de altura de miras.

En estos últimos días hemos tenido ocasión de percibir dos formas muy diferentes de ejercer esta capacidad (o incapacidad) de liderazgo.

Nuestra ciudad, todos lo sabemos, ha sufrido como pocas las consecuencias de la crisis económica, alcanzando unas cotas de desempleo muy preocupantes. ¿Qué soluciones hemos percibido en todo este tiempo? Están concluyéndose los proyectos financiados con fondos del primer Plan E y ya se han concretado los que inmediatamente se cubrirán con el segundo, los cuales van a dar solución a deficiencias históricas y otras más recientes de diferentes barrios. Dinero público para crear parte del empleo destruido, principalmente en el sector de la construcción. Y de la Generalitat, del plan de Camps, a pesar de las promesas, aún nada de nada.

Muchos municipios, por su parte, están aportando sus propios planes locales para crear empleo. El ayuntamiento de Castellón, huelga decirlo, no considera suyo el problema; por eso en los presupuestos municipales se destinan escasamente 40.000 euros al Plan Castellón Emplea. Presupuestos que son una muestra más de la escasa capacidad del Partido Popular para la gestión pública y de falta de liderazgo.

El Partido Socialista, por medio de su portavoz en el Grupo Municipal, Juan María Calles, ha ofrecido un paquete de medidas para mejorarlos que, obviamente, fueron totalmente rechazadas. Y hace unos días ofrecía al equipo de gobierno y a la ciudad de Castellón una propuesta que resume por sí sola esa capacidad de liderazgo de la que hablamos: ante los problemas concretos e importantes, soluciones de alcance. Que el alcalde, Alberto Fabra, defienda la implantación de Ikea en Castellón, pues es la solución para desatascar un conflicto institucional larvado desde hace años por la falta de liderazgo del Partido Popular para canalizar la llegada de la multinacional sueca a tierras valencianas. La inversión de Ikea en la construcción de una nueva planta comercial supondría una inyección económica de hasta 250 millones de euros, y el impacto en la economía local sería muy beneficioso en los sectores vinculados al ámbito inmobiliario. Generaría, según los estudios, 2.000 puestos de trabajo durante la construcción del centro comercial y otros 2.000 entre empleos directos e indirectos.

La propuesta ha sido bien recibida por la ciudadanía y por los sectores afectados, condición indispensable de toda iniciativa que pretenda convertirse en proyecto colectivo, pero nace con un estigma: haber sido auspiciada por el Partido Socialista, lo que inmediatamente ha producido la reacción de rechazo, predecible por otra parte, del equipo de gobierno. Les pilla con el paso cambiado, y el “no” del alcalde a la propuesta, con argumentos insostenibles, le pasará factura, pues es una nota más en el haber de su incapacidad de liderazgo.

viernes, 2 de mayo de 2008

CASTELLÓN Y LA EDUCACIÓN

Cuando hablamos de fracaso en educación nos referimos al hecho de que un joven culmine su escolarización obligatoria abandonando el sistema educativo y no obtenga la titulación correspondiente, el Graduado en Educación Secundaria, considerado básico, bien para continuar su vida académica, bien para incorporarse con suficiente competencia en el mercado laboral.

En esta situación se encuentra en nuestra ciudad cerca de la mitad de la población escolar, donde se acumula con mayor entidad el porcentaje de fracaso que se da para el conjunto de la provincia, el 39%, uno de los más altos de España. La media de la Comunidad Valenciana se sitúa en el 40%, nueve puntos por encima del que soporta España, un 31%. Para el conjunto de los países europeos el porcentaje medio es del 22%, pero las diferencias entre países son muy abultadas.

Los que engrosan estas cifras son alumnas y alumnos condenados a ocupar los niveles profesionales menos cualificados. Las personas que conforman ya un amplio segmento de la sociedad poco preparada para competir con las de nuestro entorno. Si la educación, formalmente considerada, es un valor de futuro, la mitad de nuestra sociedad ni lo disfruta ni lo posee.

Conocidos estos datos, demoledores, resultan paradójicos los que arrojan una reciente encuesta oficial sobre las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía castellonense. Como era de esperar, el paro es uno de los primeros, pero la educación se encuentra a la cola de sus intereses.

Quizá no sea tan contradictorio, sino consecuencia directa de ese mismo fracaso. O, a la inversa, es esa ínfima preocupación una de las causas del fracaso escolar. O las dos cosas: el círculo vicioso al que nos han conducido quince años de gobiernos de derecha, en la Generalitat y en el Ayuntamiento. Porque no lo olvidemos: la educación es competencia autonómica exclusiva, y el gobierno municipal tiene importantes responsabilidades en la materia.

Estos resultados no son producto de la casualidad. Si bien es cierto que los vaivenes habidos en la ordenación general del sistema son contraproducentes, al igual que los modelos sociales en los que se maneja la educación, no podemos achacar los altísimos índices de fracaso a causas remotas o difusas. Las diferencias con otras comunidades así nos lo indican.

En las reuniones que desde el Partido Socialista estamos manteniendo con representantes de asociaciones del sector educativo y equipos directivos de centros docentes de los distritos de la ciudad se están poniendo sobre la mesa muchos porqués de este fracaso. Los fríos datos estadísticos se arropan con un sinnúmero de causas que hablan de la dejadez del Ayuntamiento en el mantenimiento de las escuelas, sus escuelas, envejecidas por un abandono de lustros: ventanas, persianas, goteras, puertas, radiadores, equipamientos, patios, vallados… De entornos y accesos tercermundistas, como esos solares anexos a centros recientemente visitados por las autoridades educativas en los que se pasean tranquilamente ratas como conejos. De escuelas que se quedan pequeñas antes de ponerse en funcionamiento por los graves retrasos de su construcción…

Un gobierno local que no se considera responsable de la educación de sus ciudadanos y un gobierno autonómico enfrascado en falsos debates, que lanza como señuelos con que encandilar a una población cada vez menos consciente de su propio fracaso: del chino como asignatura, de la miopía de los portátiles, de la educación para la ciudadanía en inglés, de la autoridad por decreto. Una estrategia perfectamente diseñada para que la educación de nuestras gentes sea la que se desprende de las estadísticas.

En esas reuniones tomamos nota del mapa de deficiencias y exponemos nuestra alternativa sobre política educativa municipal, la educación que necesita Castellón, el proyecto de una ciudad educadora. Un proyecto participativo, de toda la ciudadanía, con un Ayuntamiento que debe asumir el liderazgo que le corresponde. Un proyecto en el que toda la ciudad es un espacio educativo, pues la educación trasciende la escuela e impregna toda la actividad social. Un proyecto radicalmente distinto del que se ahora se nos ofrece, pero que lleva muchos años configurando la política educativa de muchas ciudades de Europa y del mundo.

Si no cambiamos pronto de modelo, toda una generación será hija de este fracaso.