sábado, 24 de septiembre de 2011

MÁS DEMOCRACIA

(Artículo publicado el 24-9-11 en el periódico Mediterráneo)

En el acta de la asamblea general de la acampada de Sol celebrada tres días después de las últimas elecciones se recogen las cuatro reivindicaciones fundamentales del Movimiento 15M: “Una reforma electoral encaminada a una democracia más proporcional y a desarrollar mecanismos de participación ciudadana, la lucha contra la corrupción política mediante normas a permitir una total transparencia política, la separación efectiva de los poderes públicos y la creación de mecanismos de control ciudadano para la existencia efectiva de responsabilidad política”.

Son exigencias de un activo movimiento ciudadano a toda la clase política, a la que culpa, sin excepción ni diferencias, del deterioro democrático que padecemos y de la consiguiente desafección que ha producido en amplios sectores de la sociedad. Basta repasar los manifiestos e intervenciones de los líderes en esos días de mayo para comprobar que, incluso, es al Partido Socialista al que dirigen con mayor contundencia sus reproches.

Creo, sinceramente, que este tratamiento indiferenciado ni responde a la realidad ni es justo. Es más, sigue la línea argumental de la estrategia del PP y se alía a sus intereses: “Si todos son lo mismo, ¿por qué señalar a uno?”.

Sé que esta valoración, para muchos ciudadanos impregnados por las consignas del 15M, quedará de inmediato puesta bajo sospecha, sólo por venir de alguien que escribe bajo siglas socialistas. Sin embargo, no podemos renunciar a expresar esta posición, y a refutar con humildad, pero con voz firme, que no todos son iguales, que ni hacen las mismas cosas ni pretenden los mismos objetivos. Menos en cuestiones que tienen que ver con la calidad democrática, la corrupción, el clientelismo y la manipulación política.

Si a los hechos, más que a las opiniones, hemos de remitirnos quiero citar una reciente obra de un equipo de especialistas universitarios nada sospechosos de partidismo, entre los que se encuentra J.A. Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la UJI: “El secuestro de la democracia”, en la que se analiza con rigor el panorama de corrupción y dominación política de la España actual y, con mayor atención, la situación en la Comunidad Valenciana en esta última década, pues, según sus palabras, “la anomalía valenciana (…) revela la creación de un sistema que descansa en instituciones democráticas y se sirve de mecanismos irregulares – clientelismo, corrupción, política de medios y neopopulismo – para establecer una hegemonía partidista destinada a prolongarse en el gobierno”. Y aquí, sin duda, sabemos el papel que juega cada cual: el del Partido Socialista ha sido el de la insistente denuncia y el de sentirse en muchas ocasiones mero figurante de un juego en el que las reglas las ponen otros.

Por ello, no es de extrañar que asumamos con vehemencia los postulados del acta de la asamblea de Sol, ni que en nuestros programas electorales ni en nuestros documentos de discusión política estos planteamientos y muchos otros de este tenor tengan tanta relevancia. En nuestro Programa Municipal, cuya elaboración fue muy anterior a los movimientos de mayo, ocupaban un lugar destacado y, bajo el título “Otra formar de gobernar: austeridad, rigor, transparencia, participación”, se desgranaban principios y propuestas como ésta: “…se hace ahora aún más necesaria la puesta en marcha de otro modelo, como el que proponemos, que no es patrimonio de una determinada ideología política, sino, simplemente, está al servicio de la ciudadanía para que, de manera honesta, abierta y transparente, se gestione eficazmente el dinero de todos….” O esta otra: “…los socialistas creemos en la participación democrática, porque estamos convencidos que esta participación es la que garantiza gobiernos de calidad…” O esta: “…la regeneración democrática de la vida pública y de sus agentes exige de un nuevo compromiso con la transparencia de la gestión, para que la ciudadanía conozca pormenorizadamente cuáles son sus propósitos, cómo los consiguen y cuáles son los resultados…”. Además, hacíamos público e instábamos al resto de fuerzas políticas a asumir un Manifiesto y un decálogo de compromisos para la regeneración ética de la política, entre cuyos principios se incluía, por ejemplo, la necesidad de apartar de la vida pública a aquellos que son imputados por la Justicia.

Y, más cerca en el tiempo, en la Conferencia Autonómica celebrada el pasado fin de semana se debatieron e impulsaron multitud de propuestas para el programa de las próximas elecciones generales, entre las que conviene destacar algunas de las que se recogen en el apartado ‘Más democracia’: la reforma de la Ley Electoral para impulsar las listas abiertas o la elección directa de los alcaldes, la rebaja de la edad mínima para tener derecho al voto, la regulación de la influencia de los grupos de presión, el impulso de una ley de eficacia, responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos o el refuerzo de las medidas administrativas y penales contra la corrupción política.

Estos son hechos, objetivos y propuestas. Frente a la mediatización de la política por los llamados “mercados financieros”, más política, pero de otra manera, con nuevas formas de expresión, más control y transparencia. En definitiva, más democracia.

sábado, 17 de septiembre de 2011

2003: ¿DÓNDE ESTABAN?

(Artículo publicado en 'Levante de Castellón' el 16-09-11)

La sociedad valenciana en su conjunto, sus máximos representantes institucionales, el empresariado y todos los partidos políticos valencianos estamos, en estos tiempos inciertos, apostando fuerte por que se haga realidad en un futuro no lejano el Corredor Mediterráneo, un elemento estratégico de desarrollo de capital importancia.

Por fin parece que todos estamos remando en la misma dirección, y todo son parabienes – sin duda merecidos – a las acciones que en este sentido se realizan desde el Palau de la Generalitat. Todas son necesarias, también las que se promueven desde otras comunidades del arco mediterráneo, habida cuenta de las dificultades que el empeño conlleva, financieras y políticas, para que la Unión Europea haga suyo el proyecto y permita su ejecución prioritaria.

Uno de estos escollos, quizá el más importante, tiene una fecha de origen: el año 2003, cuando el gobierno de Aznar, con Rajoy como vicepresidente, movió todos los resortes para que la Unión Europea aceptara el Eje Central como prioritario, borrando del mapa los periféricos. España era, según el ideario del PP, el centro y alrededores y, por supuesto, nada de ejes que olieran a pancatalanismo. A ello dedicaron todos sus esfuerzos, con la comisaria europea Loyola de Palacio a la cabeza. Y lo lograron.

En aquel verano del 2003 en Les Platjetes de Orpesa se cocían los grandes temas políticos del momento, entre partidas de pádel, cenas a la luz de la luna mediterránea y corrillos donde se reían las gracias y chistes de unos y otros. Allí también acudían – cómo no – Carlos y Alberto Fabra, y el empresariado de la provincia, pero a nadie se le oyó una palabra sobre la importancia para nuestro futuro de este corredor litoral. ¡Cómo atreverse! A pesar de que sus tácticas populistas les han llevado a utilizar el victimismo y la confrontación territorial como arma política, les pudo la sumisión, porque a lo mejor en esos momentos sus intereses eran más prosaicos. No se les ocurrió, por supuesto, montar una cumbre de alcaldes ni aprovechar algún acto multitudinario tan al uso para reclamarlo con sólidos argumentos. Se perdió la gran oportunidad, porque era el momento. Y se han perdido irremediablemente ocho años.

Afortunadamente, desde el comienzo de su andadura el nuevo gobierno de Zapatero fue sensible a este planteamiento que superaba la vieja tradición centralista y apostó por el nuevo corredor que, junto con el cantábrico, debía garantizar un correcto mallado de la red. Pero había que compatibilizarlo con el recién aprobado por las autoridades europeas. Difícil papeleta, que ha necesitado de una dura y sostenida gestión, pero estamos a punto de lograrlo. Una gestión que ya lleva invertidos 8.400 millones de euros en estos últimos siete años, y que ha supuesto la inversión de 1.684 millones en el corredor ferroviario. El propio ministro Blanco ya presentó hace unos meses en Barcelona el plan de actuación. El proceso de revisión del RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte) cuenta con un proyecto integral, con plazos y presupuestos, para que el Corredor Mediterráneo esté plenamente operativo en el 2020.

Sin embargo, nuevos nubarrones se ciernen sobre el proyecto, tan negros que pueden hacerlo fracasar una vez más. Rajoy vuelve a sus planteamientos de 2003 y calla ante el boicot que están impulsando los presidentes autonómicos del centro: Cospedal, Aguirre, Rudí, Monago… todos del PP. No se decanta, pues no en balde estamos en periodo preelectoral.

Esta tensión interna es la que debe superar Alberto Fabra y en sus manos está demostrar que ha cambiado su silencio y conformismo del pasado. Sin aspavientos ni discursos hueros al estilo de su antecesor; más bien con firme carácter reivindicativo, sólidos argumentos y ejercicio de liderazgo.

No lo tiene fácil, hay que reconocerlo, pues su primer encuentro con Rajoy ha sido baldío. Necesita reforzar su capacidad de actuación, que debe demostrar, sobre todo, ante sus compañeros de partido. No caben, como decía el propio jefe del Consell en la cumbre del mes pasado, “dudas ni lenguajes poco claros”, sino la “seguridad y certeza de que lo vayamos construyendo en el futuro sea lo prioritario”. A eso nos apuntamos.